Esta Coordinadora de ámbito estatal, formada por diferentes colectivos sociales, fue creada con el objetivo de defender uno de nuestros derechos históricos más sensibles y necesarios para las familias trabajadoras, tanto por cuenta ajena como autónomos: el actual Sistema Público de Pensiones.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) se ha constituido en la movilización por la defensa del sistema público de pensiones, contra los intereses del capital financiero, la patronal y los gobiernos que propongan leyes en contra de los intereses de la clase trabajadora y las capas populares. La situación del movimiento de pensionistas está determinada por la movilización en la calle a lo largo de todo el territorio en una gran cantidad de localidades repartidas por todo el territorio del Estado

Exigimos pensiones públicas dignas, retornar, de entrada, a la jubilación a los 65 años y reclamar la jubilación ordinaria a los 60 años, garantizar la revalorización de las pensiones como mínimo con el IPC real, recuperar la paga compensatoria en enero en función de ese mismo IPC, así como la derogación de todos aquellos aspectos o puntos negativos en todas las reformas de pensiones habidas desde 2011, las cuales han producido pensiones iniciales muy inferiores a las que se tenían derecho anteriormente. También la derogación de las reformas laborales que precarizan el trabajo rebajando salarios y cotizaciones sociales. Sin salarios dignos no habrá pensiones dignas.

Estamos contra la privatización de las pensiones y los servicios públicos. Defendemos el sistema público de reparto, que ha sido y debe continuar siendo nuestro modelo, basado en las cotizaciones sociales y por el aumento de las pensiones mínimas, igualándolas al SMI, y éste en función de los requisitos de la Carta Social Europea. La necesidad de subir las pensiones mínimas es urgente, pensiones mínimas de poco más de 500 euros son pensiones de miseria.

Estamos contra la brecha de género en el sistema de pensiones públicas y luchamos por su erradicación tanto con políticas que eviten las discriminaciones en las condiciones laborales de las actuales trabajadoras como en medidas inmediatas para las actuales pensionistas que son las que presentan una mayor brecha. 

Las cotizaciones sociales de la Seguridad Social pertenecen a las personas trabajadoras en activo y a las que durante su vida laboral han aportado sus cotizaciones a la Seguridad Social, con retenciones a sus salarios destinadas a poder tener una pensión digna tras la jubilación, por lo que ningún gobierno tiene derecho a destinarlo a otros fines que no sea exclusivamente al pago de las prestaciones reconocidas por la Seguridad Social y los costes mínimos necesarios para la gestión del sistema Público de Pensiones. Estamos por la eliminación de los topes de las bases de cotización que solo benefician a quienes perciben altas remuneraciones.

Sobre las cotizaciones y bienes de la Seguridad Social el Estado solo tiene funciones de tutela, pues la propiedad de esos bienes no le corresponde. El patrimonio de la Seguridad Social, constituido por las cuotas, bienes, derechos, acciones y recursos de cualquier otro género, es un patrimonio único afecto a sus fines y distinto al patrimonio del Estado. La titularidad del mismo corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social. Por eso a la utilización de las cotizaciones para fines distintos de los propios, la consideramos como verdaderos saqueos que los anteriores gobiernos han impuesto a la Seguridad Social. Esa práctica ha sido continua. Defendemos que el dinero de las cotizaciones se utilice solo para el pago de las pensiones contributivas, consideradas como un salario diferido.

Descontando el efecto de esas disposiciones inadecuadas de los recursos de la Seguridad Social, afirmamos con rotundidad que nuestro sistema de pensiones es sostenible. Lo que lo debilita son las políticas activas y conscientes de los gobiernos consistente en reducir las cotizaciones sociales a los patronos y la de imputar gastos impropios a la Seguridad Social. Nunca un sistema de pensiones públicas ha quebrado en un país democrático, mientras que tenemos muchos ejemplos de cómo los planes privados de empresa, de bancos y aseguradoras, se han convertido en activos financieros sobre los que las trabajadoras y trabajadores han perdido en control y han llegado a la quiebra total.

Nuestra Seguridad Social llega a la situación actual sin reservas. Durante decenios, la indebida utilización por parte del Estado de esos excedentes para financiar gastos impropios de la Seguridad Social impidió la constitución de esas reservas, y con ello rompió el mecanismo de solidaridad intergeneracional. Por eso el Estado debe compensar a la Seguridad Social por la utilización de cotizaciones sociales a otros fines, pues esas reservas habrían permitido hacer frente a las necesidades actuales. Se han utilizado indebidamente las cotizaciones que, no olvidemos, se financian con una parte de los salarios. Por eso es de justicia que, en compensación, el Estado ha de cubrir con aportaciones, no préstamos, los eventuales déficits que se produzcan en el futuro en el sistema de reparto de la Seguridad Social, tal como establece el artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social. El sistema Público de Pensiones es un logro histórico de la clase trabajadora y su garantía es una pieza clave dentro del Estado de Bienestar.

La exigencia de que sea el Tribunal de Cuentas quien lleve a cabo la auditoría aprobada en el Congreso de los Diputados (Ley 21/2021 de 28/12/2021) para determinar su importe y además, las personas asalariadas, que durante decenios cotizaron y a las que ahora se les dice que no hay dinero, tienen derecho a saber a dónde fueron a parar sus cotizaciones, su salario diferido.

Las movilizaciones realizadas en España han incorporado a la agenda política, como un problema de primera magnitud, la necesidad de aportar soluciones a los problemas del sistema público de pensiones que en buena medida tienen su causa en las políticas seguidas por los sucesivos gobiernos.

Exigencia de participación directa de la COESPE como interlocutores sociales, tal como establece el artículo 129 de la Constitución Española. Hay que establecer mecanismos y acciones para que la interlocución legal con la COESPE sea real.

A los y las Representantes de los Poderes del Estado y, especialmente, a los y las Representantes en Las Cortes Generales y al Gobierno por el tema del que se trata y en función de los artículos 39, 41, 43, 49, 50 CE y 149.1,7 y 17 CE presentamos las siguientes...

Extraído de nuestra tabla reivindicativa (VI Asamblea)